La deforestación impacta en el país

Pese a que se redujo la cantidad de hectáreas incendiadas para ampliar las zonas de cultivo, sigue preocupando el daño que el mal uso del suelo puede generar y sus consecuencias en el ambiente. La región del Gran Chaco es la más afectada por la deforestación.

“En la última década estamos hablando de tasas que están entre los 180 mil y los 240 mil hectáreas anuales en lo que respecta a la pérdida de bosques nativos en la Argentina. Pero el área de la región chaqueña es la más afectada de todas las regiones en los últimos años”, afirmó a La Prensa Fernando Miñarro, director de conservación y desarrollo sustentable de la Fundación Vida Silvestre.

Mientras todos los ojos están puestos en la quema de la selva más grande del mundo, el Amazonas, en la Argentina una situación similar se vive cuasi en silencio o con poca difusión por su tragedia. 
“Tenemos que entender que la mayoría de los incendios en la Argentina son causados por el hombre, pero también el fuego es parte de la naturaleza como proceso biológico. Hay métodos ancestrales de usar el fuego para limpiar el terreno y generar nuevos lugares para pasturas. Cuando esos incendios intencionales no se hacen respetando algunas prácticas, como por ejemplo hacerlo cuando hay mucho viento o no hay nada de humedad, se generan esos focos como pasó en el Amazonas y también en nuestro país. Por eso las provincias tienen legislaciones para prohibir estas quemas que se deben realizar en cierta época del año. Pero se sabe que no todos respetan estas normas”, dijo a La Prensa Daniel Russo, subsecretario de Operaciones de Protección Civil del Ministerio de Seguridad.

En 2013 fue creado el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF), mediante la Ley 26.815, que actúa en la órbita del Ministerio de Seguridad y está integrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Administración de Parques Nacionales, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos que determinen.

El trabajo del organismo ha permitido la reducción de focos de incendios que se viene logrando en los últimos años. “En 2017 se habían quemado en el país un millón doscientas mil hectáreas. En este momento del 2019 no llegamos a las 250 mil hectáreas. Hemos tenido un progreso muy importante pese a que algunos digan que es porque hubo menos incendios y no es así. Las temporadas fueron malas y con muchas temperaturas altas, pero se logró reducir a esta cantidad los incendios forestales por las actividades de prevención que hemos desarrollado en todo el país”, destacó el subsecretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad.

LOS AFECTADOS
En la Argentina la región más afectada por incendios intencionales con fines de desforestación es la del Gran Chaco, área que comparte con los países de Paraguay, Bolivia y Brasil. Es considerada como uno de los 11 puntos con mayor desforestación del mundo y, según calcula un informe de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, para el año 2028 se habrá perdido un territorio equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires. 

Según la ONG, los datos sobre la desforestación y sus implicancias son alarmantes. Entre 1982 y 2016 la Argentina perdió el 25% de sus bosques nativos por actividades agropecuarias. El cambio de uso del suelo, sin contar con una barrera natural, disminuyó su calidad por erosión hídrica que generó perdidas de alrededor de USD 30 millones anuales en la producción de maíz, soja y trigo. Las consecuencias también alcanzan a las inundaciones, con altos costos sociales y económicos. Según la ONG, se estima que hubo 2.400 evacuados y 7.500 familias afectadas en la provincia de Chaco y más de 3.500 en Formosa durante las inundaciones de este año, así como 2 millones de hectáreas productivas afectadas.
En relación a los costos, las inundaciones y sequías representan el 1% del PBI entre 2013 y 2016, mientras que Formosa tuvo pérdidas de $2.200 millones por las consecuencias de las precipitaciones de este año. 

Además, el Estado Nacional declaró la emergencia agropecuaria destinando $135 millones a la provincia de Chaco para dar facilidades a productores luego de las inundaciones. Otro dato impactante refiere a la severa sequía del centro y norte del país en 2017 y 2018. Esta ocasionó pérdidas de más del 35% en la cosecha de soja.

Como consecuencia, el ingreso de divisas por exportaciones se redujo en 8.000 millones de dólares aproximadamente, en tanto que la caída global en actividad económica argentina se estimó en US$ 5.900 millones (0.9% del PBI).

Por otra parte, la falta de planificación que combine la producción con la protección del ambiente provocó no solo la pérdida de bosques sino también la reducción de especies autóctonas. “Un problema que se produce al haber perdida de bosques es que las áreas verdes que van quedando con posibilidad de albergar vida silvestre van quedando aisladas y desconectadas. Entonces la fauna, por ejemplo, de mamíferos grandes como el Yaguareté, que necesita grandes superficies para caminar, empieza a no poder circular y quedan expuestos al salir a zonas más antropizadas”, enfatizó Miñarro.

HAY QUE REFORESTAR
La pregunta sobre si es posible reforestar o recuperar el ambiente de los bosques nativos es infaltable. La perspectiva es esperanzadora pero preocupante. “No es fácil poder recuperar un bosque a su estado original porque son ecosistemas complejos. No se puede recuperar todo porque hubo en algún momento árboles de 100 años que es imposible restaurarlos. Eso te habla de lo que sea ha perdido. Quizás en 20 años se pueda volver a tener una estructura de bosque en la región, pero nunca va a volver a ser lo que había antes”, enfatizó Miñarro.

Por su parte Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la secretaría de medio ambiente de la Nación, se mostró reflexivo sobre la situación. “Es complejo. Los números que estamos teniendo en restauración, dependiendo de la técnica, rondan entre los 40 o 50 mil pesos por hectárea. Sobre todo cuando tenés que producir los plantines, llevarlos para plantarlos y hacer tareas de mantenimiento. Y eso se suma la escala a la que hay que hacerlo”, subrayó a La Prensa el funcionario.

Luego agregó que “es más cara la restauración que la prevención pero no siempre la prevención es posible y viable en términos económicos. De ahí la importancia de preservar estos recursos naturales tan importantes”.

LEY DE BOSQUES
En tanto, como pasa en otros ámbitos, existen en el país varias normativas para proteger el ambiente pero la Ley de Bosques es la que específicamente protege estas áreas verdes tan importantes para el ecosistema argentino.
Sancionada en 2007 y reglamentada en 2009, esta herramienta legal promovió una categorización en las provincias mediante la asignación de un color a cada zona de acuerdo con los usos posibles de las tierras boscosas: para la conservación (rojo); con posibilidad de transformación para la agricultura (verde); y con uso sustentable (amarillo).

Actualmente, la Argentina cuenta con unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada Ley de bosques. “Dentro del ordenamiento territorial hoy en toda la Argentina -si se ven las zonas rojas, amarillas y verdes- tenemos 11 millones de hectáreas que están en categoría verde. Y que legalmente podrían ser desmontadas en función de que las provincias los autoricen. Entonces la ley tiene un efecto sobre la conservación de algunas zonas de bosques pero no es la única herramienta para evitar ir a una desforestación cero”, explicó Moreno.

El funcionario también destacó que un gran desafío es definir “qué tipo de producción habilitamos para las zonas amarillas porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque“.
“Estamos trabajando con el ministerio de agroindustria, con el INTA y varias provincias para definir un esquema de manejo de los bosques con la ganadería integrada que justamente es buscar un sistema ciclo pastoril compatible con la existencia del bosque. A veces cuando esa práctica se vuelve muy intensiva ese bosque termina desapareciendo”, enfatizó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.

En tanto, Miñarro aseguró que la ley de protección de bosques nativos “se encuentra desfinanciada. Revertir esto es clave para la conservación, la promoción del uso sustentable y el control de la desforestación. La ley establece que los fondos salen del 0,3% del presupuesto nacional más el 2% de retenciones del sector agropecuario. En la actualidad solo llega el 8% de total de lo que debería otorgarse”.
Luego agregó que “Hay que entender que si uno invierte dinero en conservación y medio ambiente es por el bien común de todos, tanto de las comunidades como de las empresas. Hay que exigir un compromiso para que entiendan que no podemos seguir desforestando y perdiendo ambientes naturales. Y también generar un compromiso de los ciudadanos que ahora que estamos en un año electoral y tienen la posibilidad de exigirles a los candidatos que cuenten en sus plataformas qué van a hacer en temas ambientales si gobiernan el año que viene”.

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Ventana Fueguina

Una Mirada a Tierra del fuego

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